La UACJ, sede de foro nacional

Academicos y legisladores participan en la elaboración de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares 

Con el propósito de aportar mecanismos jurídicos que se traduzcan en procedimientos ágiles y útiles para la ciudadanía de cada entidad federativa, el 7 de julio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) formó parte del Séptimo Foro Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis

Organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, la inauguración del Foro se llevó a cabo en el auditorio del edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA). 

Mediante tres mesas de trabajo, académicos de esta y otras casas de estudios, legisladores federales y operadores del sistema de justicia, se dedicaron a revisar con detenimiento cada punto sobre la reciente iniciativa que trata de homologar los procedimientos legales para evitar la multiplicidad de términos, así como la saturación en la función jurisdiccional que, consecuentemente, genera la lentitud en el desahogo de los asuntos. 

El evento estuvo encabezado por el doctor Jorge Antonio Breceda Pérez, coordinador de la Licenciatura en Derecho, en representación del maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ, acompañado por el maestro Rubén Trejo Ortega, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez; la magistrada Myriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua; la licenciada Aleida Álvarez Ruiz, diputada federal de la LXV Legislatura; el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; y el maestro Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. 

En su mensaje de bienvenida, el doctor Breceda Pérez elevó un exhorto para las y los participantes que consideran la importancia de que el sentido de humanidad debe insertarse en cada una de las disertaciones que se expusieron, para que así se logre visualizar la exaltación de dicha condición en este Código. 

De igual manera, resaltó que, “al pensar en un parlamento abierto, por lo menos se establece un cambio de paradigma”. 

Por su parte, la magistrada Hernández Acosta mencionó lo valioso que es compartir los puntos de vista en relación con la iniciativa, ya que pone en conocimiento de quienes están interesados, las actividades legislativas en temas de trascendencia nacional. 

No obstante, subrayó que la materia civil y familiar se relaciona con los asuntos más comunes de todos los justiciables, provocando un gran número de asuntos que actualmente se tramitan en los poderes judiciales de cada estado, definiéndose actualmente bajo el concepto de una justicia cotidiana. 

“La importancia de este Código reside, entre otras cosas, en que unifica y estandariza las disposiciones de 32 códigos procesales civiles y 32 códigos procesales familiares, más el Código Federal de Procedimientos Civiles; podemos manifestar que este novedoso cuerpo normativo privilegia la oralidad y los medios alternativos de solución de controversias”, puntualizó la presidenta del TSJ del Estado de Chihuahua. 

En tanto, el senador Espino de la Peña insistió en homologar un solo cuerpo normativo de procesos civiles y familiares en México, que genere certidumbre y evite disparidad de criterios en ámbitos judiciales. 

Posteriormente, a través de un videomensaje, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, exhortó a estudiantes, catedráticos, escuelas y facultades a contribuir y opinar sobre esta iniciativa, que cuenta con 894 artículos, distribuidos en 11 libros, a fin de enriquecerla y poder aprobarla en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones. 

Antecedentes de la creación del Código 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y uno de los invitados de honor, recordó los antecedentes de la creación del Código, desde el propio decreto de 2017 hasta la declaratoria de un juicio de amparo que obliga a que se legisle en la materia lo que resta del año. 

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