Investigadores realizan seminario
En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se impartió el seminario “Aplicación para la prevención y la sanción del delito genocidio en la franja de Gaza (Sudáfrica C. Israel)”.
Este encuentro académico lo organizó la Universidad con motivo de la adopción, por parte de la Corte Internacional de Justicia, sobre las medidas provisionales en el asunto de Sudáfrica contra Israel por la supuesta violación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio de 1948.
“Nosotros teníamos ya tiempo previendo la organización y celebración de este seminario, solo faltaba que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara, cosa que ha hecho en fechas recientes”, comentó el moderador César Villegas, investigador del ICSA.
Con ese objetivo se exploraron esas medidas provisionales adoptadas el 26 de enero del presente cuando la presidenta de la Corte Internacional de Justicia dio lectura, en medio de una gran expectación, a estas medidas solicitadas por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, junto con su demanda contra Israel por violación de las obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio de 1948.
“Esto, la Corte Interamericana de Justicia lo determinó por una amplia mayoría de sus jueces, lo cual es plausible, en que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención contra el Genocidio”, manifestó César Villegas. “La orden sobre medidas provisionales que la Corte emite el 26 de enero exige a Israel que tome todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos susceptibles de incurrir en los tipos penales registrados por la Convención contra el Genocidio, velando con efecto inmediato para que su Ejército no cometa tales casos”.
También exige a Israel que tome todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación directa y pública de cometer genocidio, así como a tomar medidas efectivas para permitir la llegada inmediata de servicios básicos y asistencia que la población de Gaza necesita con urgencia.
Aunado a ello, la Corte exige a Israel a presentarle un informe en un plazo de un mes sobre el conjunto de las medidas que haya adoptado para dar efecto a esta orden.
“La idea central es que la intervención de la Corte Internacional de Justicia está limitada por su objeto, que es la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948. Esto, en algunas ocasiones se ha llegado a plantear en clase si esta sentencia que dicta la Corte Internacional de Justicia va a terminar con Netanyahu, la cúpula del gobierno de Israel y la cúpula de Hamás en la cárcel, cosa que desafortunadamente no será así, porque la Corte Interamericana de Justicia no es un tribunal penal”.
Durante su intervención a Luis Ernesto Orozco Torres, desde su enfoque como fronterizo radicado en la vecina ciudad de El Paso, Texas, siendo Estados Unidos un aliado estratégico de Israel desde su nacimiento, se le cuestionó:
Esta situación terrible, una tragedia humanitaria, ¿de alguna forma ha cambiado la percepción del ciudadano de a pie de Estados Unidos respecto a esta política de apoyo férreo, absoluto, por parte de la administración Biden al gobierno de Netanyahu?
“Te comento que desde finales de noviembre el Centro de Estudios Constitucionales, que es una ONG en Estados Unidos, apoyada por más de 70 organizaciones prodefensa de derechos civiles, ha demandado a la administración de Biden, precisamente en un juzgado federal de California, por su apoyo incondicional y genocida, como lo planteaban ellos, para este esfuerzo de Israel por estar cometiendo estas acciones (genocidas). Esta demanda hace algunos días fue desechada por una cuestión netamente procedimental, de constitucionalismo, por el tribunal federal”.
El argumento que dio el juez federal para desechar la demanda de estas organizaciones para frenar la proyección de este presupuesto y, con ello, limitar las acciones en materia de política exterior de la administración Biden, fue que no tienen jurisdicción para decidir sobre cuestiones de política exterior, pues eso le compete única y exclusivamente al presidente de Estados Unidos.
La ponencia fue vía remota y fueron convocados alumnos de Derecho de esta institución formativa, así como de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Alicante, ambas de España y de Colombia.
Los ponentes procedentes de la Universidad de Sevilla, España, fueron: Joaquín Alcaide, María del Carmen Márquez, Casilda Rueda y César Villegas, mientras que de la Universidad de Alicante, España, fue Cristina Zamora; de la Universidad del Rosario Colombia participó Walter Arévalo y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el doctor Luis Ernesto Orozco.
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