Compliance, define Felipe Roncancio, son planes de cumplimiento que se han ido adoptando inicialmente en el sector privado y, posteriormente, en el sector público, para prevenir los riesgos que pueden coaccionar en algún tipo de delito, como el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias en un margen de corrupción, en la financiación del terrorismo, y los lavados de activos.
“Riesgos que se han determinado como previsibles, pero que también organizacionalmente generan que las instituciones sean más eficaces y eficientes. Esto en lo público, que es un proceso muy reciente, ha generado una transformación para medir los indicadores de la gestión. Las police compliance han tenido una nueva tradición, que ha preguntado cómo la gestión pública puede ser cada vez más eficiente”.
Esto último, agrega, implica el diseño de ruta y protocolos de adopción de medidas, que evitan que una gran discrecionalidad pueda generar un riesgo. Un ejemplo es que un gobernante tome decisiones abruptas que puedan romper, insatisfacer o generar corrupción, como la ejecución de obras públicas o el destino irregular de capitales o recursos.
“Y para eso internacionalmente los compliance empiezan a aparecer. Nosotros traemos una experiencia exitosa, que es la de Bogotá, donde se implementa el primer plan de compliance público el año pasado. Eso nos permite identificar que existe un gran margen para la producción científica de productos de calidad. Es decir, que las ciencias jurídicas están en constante cambio y que, a partir de eso, existen nuevos focos hacia dónde debe orientarse la investigación y la docencia, siendo este uno de los muchos temas que hay”.
¿Por qué era importante traer este tema a un conversatorio aquí en la UACJ?
De acuerdo con el investigador, porque genera dos elementos centrales: la búsqueda de una mejor gestión pública, una preocupación de que la Academia debe generar un diálogo con el funcionamiento, la estructura y la organización del Estado.
“Estos temas tienen una vocación de, por lo menos, comenzar a introyectar una discusión de cómo cambiamos ese paradigma de que lo público es ineficiente, corrupto y nos deja insatisfechos; algo que es muy común a cualquier discurso territorial, pero sobre todo validar ese tipo de procesos por concepciones científicas, lo que permite generar un fortalecimiento no solamente en el escenario universitario, sino de la esfera pública de una ciudad como Juárez, lo que deja que tengamos diálogos de experiencias exitosas, de nuevos márgenes y, sobre todo, innovación, algo que es fundamental en un programa con una licenciatura de Derecho o de Seguridad y Políticas Públicas”.
El segundo, agregó, es porque los compliance tienen un problema muy común en un Estado, como el de Colombia, que es tratar de crear una cultura de la legalidad.
“Esa cultura de la legalidad implica también una transformación estructural desde el marco social y hacia el institucional, y como parte de todo ese presupuesto, se ha generado la necesidad de ahondar por fenómeno, que, desafortunadamente, finalizando el siglo XX se normalizó, como la financiación a través del robo de activos, el blanqueo de capitales y la corrupción que se genera entre actores irregulares y el Estado”.
Andrés Felipe Roncancio Bedoya es doctor magíster en Derecho Público, investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Categoría 2, con una trayectoria larga en la publicación de libros, capítulos de libros, artículos y trabajos publicados en la estructura y funcionamiento del Estado en compliance.
Previo a su conferencia en el ICSA, realizada el 25 de abril, el ponente visitó Ciudad Universitaria, donde impartió un tema de derecho internacional y control de la convencionalidad.
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